Nacional
CPI confirma inacción de Gobierno venezolano para castigar delitos de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional, CPI reconoció inacción de justicia venezolana para castigar los delitos de lesa humanidad; según lo dio a conocer la ONG Acceso a la Justicia ayer y que el domingo 8 de agosto se hizo público el último documento que estaba pendiente de parte de ese máximo ente de justicia, con motivo del caso Venezuela.
En ese sentido, la Fiscalía de la CPI confirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela; afirmó que dichos delitos deben ser investigados.
La organización indicó en un hilo de Twitter, que la Fiscalía de la CPI considera que existe inacción de parte de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
CPI reconoció inacción de justicia venezolana
La fiscal saliente Fatou Bensouda dejó un informe a su sucesor Karim Khan; en el que afirma que “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017”.
De acuerdo con el documento, la Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos crímenes; “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) – (d) del Estatuto” de Roma.
Esto significa que en el caso conocido como Venezuela I ante la CPI solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución; de acuerdo con lo publicado por Acceso a la Justicia.
Tamara Saju celebra decision del CPI
Por su parte, la abogada defensora de Derechos Humanos y directora Ejecutiva de Casla Institute; Tamara Suju celebró que la CPI publicara la versión completa de las observaciones de la fiscal saliente Fatou Bensouda.
Bensouda, confirmó que al menos desde 2017 autoridades civiles, Fuerza Armada y militantes progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, como detención arbitraria; tortura; crímenes de violencia sexual y persecución de grupos políticos minoritarios.
Asimismo, Bensauda consideró que es admisible el proceso, dada la inacción del Estado; el número limitado de procedimientos relacionados con los casos y la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad de los altos jerarcas.
Dudan de imparcialidad
“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”; reza el documento de la CPI.
Finalmente, el documento establece además dudas sobre la imparcialidad de la justicia en Venezuela. “Según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal, pero las investigaciones se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia”; señala el texto.
#AlertaLegal El #8Agosto se hizo público el último documento que estaba pendiente por publicarse de parte de la Fiscalía de la CPI con motivo del recurso dilatorio del fiscal Saab. Se abre hilo #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) August 12, 2021
#AlertaLegal En él se confirma que la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad: el mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) August 12, 2021
ACN/MAS/El Pitazo/El Carabobeño
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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