Internacional
Creció en un 60% la inseguridad alimentaria en Latinoamérica
La inseguridad alimentaria en Latinoamérica creció en un 60% entre 2014 y 2021, hasta abarcar un 40,6% de la población de los países de la región, superando en más de diez puntos la media global, que se sitúa en 29,3% de la población mundial, informaron este martes organismos internacionales en Santiago de Chile.
Según un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (WFP), las personas que sufren subalimentación también aumentaron en la región, de un 5,8% de la población en 2014 a un 8,6% en 2021.
La inseguridad alimentaria golpea especialmente las zonas rurales de Latinoamérica, que registran un 44,3% de incidencia de pobreza, 15 puntos más que en las zonas urbanas, de acuerdo al documento.
Inseguridad alimentaria crece
Los tres organismos internacionales alertaron que las sucesivas crisis económicas internacionales y la invasión rusa en Ucrania hicieron crecer fuertemente la inflación de los productos alimentarios, afectando negativamente las cadenas latinoamericanas de producción agropecuaria.
En concreto, los precios de los alimentos y bebidas en la región escalaron hasta un 12,4% la variación interanual en septiembre de 2022, cuatro puntos porcentuales por encima del IPC mundial.
Además, la disminución de los precios internacionales de los alimentos entre abril y octubre de 2022 no se trasladó a una caída equivalente de los precios en los países de la región, remarcó el texto.
“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
Vulnerables a los vaivenes
La mayoría de los países latinoamericanos y caribeños son vulnerables a los vaivenes de los precios internacionales de los alimentos, porque son importadores netos de muchos productos básicos.
Por ejemplo, en la región, 26 países son altamente dependientes de las importaciones de trigo, y 13 lo son al maíz; solo Argentina es exportadora neta de todos los rubros agropecuarios principales.
La crisis de precios se solapa, asimismo, con altos niveles de deuda de la mayoría de los Estados -de hasta un 52,1% del PIB anual de promedio-, con condiciones de crédito más duras como consecuencia de las políticas monetarias restrictivas de las principales potencias, y con la devaluación de las monedas que acelera la inflación.
Por ello, Cepal, FAO y WFP reclaman a los Estados “respuestas de emergencia” para mejorar el acceso a los alimentos de la población de la región y mantener la producción agrícola local, como la reducción de aranceles y la diversificación de fuentes de las importaciones clave.
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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