Estados Unidos sanciona a diputados de la Asamblea Nacional
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Estados Unidos sanciona a diputados de la Asamblea Nacional

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Estados Unidos sanciona a diputados
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Este lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a siete diputados de la Asamblea Nacional.

Luis Parra, José Brito, Negal Morales, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Franklyn Duarte; son los diputados a quienes la Casa Blanca de Estados Unidos sanciona por primera vez.

“El Tesoro ha designado siete oficiales corruptos de la Asamblea Nacional que a la llamada de Maduro, trataron de bloquear el proceso democrático en Venezuela”; dice en el comunicado Steven Mnuchin, secretario del Tesoro.

El mismo anuncia que los diputados pueden librarse de sus sanciones si se ponen del lado de pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo.

Parra, Duarte y Noriega forman parte de la directiva de la Asamblea Nacional que reconoce el chavismo y que fue electa el pasado 5 de enero en una tumultuosa sesión en el Palacio Federal Legislativo.

Cabe destacar, que Guaidó, acompañado de otros 99 parlamentarios, asistieron el pasado 5 de enero a la sede del diario El Nacional donde fue ratificado al frente del Parlamento nacional.

Desde entonces, la Asamblea cuenta con una directiva que reconoce el chavismo, encabezada por Parra; y la de Juan Guaidó, que tiene el visto bueno de la mayor parte de la comunidad internacional.

Recordemos que Guaidó, reclamó la presidencia interina del país el 23 de enero de 2019 después de que la cámara declarara «usurpador» a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018.

Mientras Parra, quien lideró una sesión el pasado martes con los diputados del chavismo y los disidentes de la oposición; ha prometido «devolverle la institucionalidad al Parlamento».

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Foro Penal Carabobo: Estado venezolano es responsable de los privados de libertad

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Foro Penal Carabobo
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La Organización No Gubernamental Foro Penal del estado Carabobo recordó que el Estado venezolano es responsable de los privados de libertad.

El coordinador regional, Luis Armando Betancourt, mencionó que los juicios penales no se están realizando de manera virtual.

Según considera esto ha sucedido por falta de voluntad del Tribunal Supremo de Justicia.

«Producto de la pandemia y las resoluciones dictadas por el TSJ ha tenido un notable retardo procesal en todas las causas, incluso de las del Foro Penal».

Destacó el retardo procesal que se presenta en todas las causas de los presos políticos y víctimas de la represión en la región carabobeña, situación que viola el derecho al debido proceso de los ciudadanos.

Ofreció detalles del caso de Leonardo González, asesinado en las protestas de 2017, «la decisión del Tribunal Séptimo en funciones de juicio se ha interrumpido».

«Quiere decir que a pesar de que pasaron 2 años llevando testigos, expertos, ya el juicio debe empezar desde cero».

En cuanto al estado de los presos políticos en la entidad,  el coordinador del Foro Penal en Carabobo señaló que hay carencias de alimentación y atención de salud.

«Los familiares deben suministrar los alimentos para que los detenidos puedan comer, incluso los medicamentos».

«El Estado es responsable de todos los privados de libertad», aseguró el abogado.

Foro Penal Carabobo registra 28 presos políticos en Carabobo

La organización registra 28 presos políticos en la entidad carabobeña, la mayoría de ellos por formar parte de protestas antigubernamentales.

El coordinador del Foro Penal en Carabobo mencionó el caso de Antonio Garbi, quien ya cumplió 5 años de prisión sin haber sido celebrado el juicio oral y público.

Detalló que su caso fue radicado al estado Aragua y no ha sido trasladado «se le violó el debido proceso desde el principio».

Pidió liberación de los activistas de derechos humanos

El abogado rechazó la criminalización a los activistas de derechos humanos en Venezuela y pidió la liberación de los miembros de la organización Azul Positivo del estado Zulia.

«Los que luchamos por la libertad, la salud, el trabajo, la libertad de expresión, no deben ser criminalizados, no deben ser intimidados por ningún gobierno».

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