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Gobernador del Táchira denuncia que violencia en Colombia impacta en zona fronteriza

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Freddy Bernal dice que violencia en Colombia - noticiacn
Freddy Bernal, gobernado del Táchira.
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El gobernador del Táchira, Freddy Bernal dice que violencia en Colombia, específicamente en el departamento de Norte de Santander impacta, “sin querer”, en las ciudades San Antonio y Ureña; que limita con el país cafetero.

Bernal aseguró que grupos armados irregulares “ocupan cada vez más espacios en Cúcuta, Villa del Rosario y la zona del Catatumbo con acciones muy violentas” que parecieran “un desafío al Estado colombiano”; lo que, “sin duda alguna, (…) impacta, sin querer, en San Antonio y Ureña”.

“Lamentablemente, la violencia está desatada del otro lado del Norte de Santander, eso no es un secreto para nadie. (Hubo) más de 48 homicidios solo en el último mes, más de 4 secuestros, algunos que han terminado en homicidio. (…) Esa violencia, lamentablemente, no logran controlarla desde Colombia”; dijo.

Freddy Bernal dice que violencia en Colombia…

Ante esta situación, el funcionario llamó a “mantener los mayores mecanismos de control” para “evitar que esa violencia pase a Venezuela” y garantizar “la paz, la tranquilidad y el buen vivir del pueblo tachirense”; indicó.

“Nosotros estamos evaluando a diario las profundas manifestaciones de violencia en Colombia”; agregó Bernal.

La violencia por las disputas territoriales de grupos armados ilegales en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela; arreció en el comienzo de 2023, y tan solo en enero dejó 36 homicidios en su área metropolitana.

Cúcuta, capital de Norte de Santander, tiene los principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela y numerosas trochas por las que circulan personas, mercancías de contrabando e incluso armas y drogas entre los dos países; según las autoridades.

Esas actividades son manejadas por guerrillas, paramilitares y bandas criminales que expandieron su actividad desde la convulsa región del Catatumbo, una de las mayores productoras de coca del país andino; donde desde hace años el conflicto armado obliga a centenares de personas a huir en condición de desplazados hacia la capital regional.

Esas actividades son manejadas por guerrillas, paramilitares y bandas criminales que expandieron su actividad desde la convulsa región del Catatumbo, una de las mayores productoras de coca del país andino, donde desde hace años el conflicto armado obliga a centenares de personas a huir en condición de desplazados hacia la capital regional.

ACN/MAS/Agencias

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Desalojan a 10.000 personas de mina ilegal que colapsó en Venezuela (+ video)

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Desalojan a 10.000 personas de mina ilegal que colapsó en Venezuela - Agencia Carabobeña de Noticias
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Desalojan a 10000 personas de mina ilegal Bulla Loca, que colapsó en febrero pasado con saldo oficial de 16 muertos, certificó este martes 23 de abril la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por intermedio del general en jefe Domingo Hernández Lárez, al frente del comando responsable de las operaciones militares.

La mina “clausurada y evacuada por violación al ordenamiento jurídico territorial de las reservas forestales en el estado Bolívar (sur), luego de haber desalojado a más de 10.000 mineros ilegales transgresores de la ley”, añadió el jefe militar.

Hernández Lárez compartió un video donde pueden verse enormes cráteres dejados por la extracción ilegal de oro, así como decenas de árboles derribados.

La evacuación de la mina, cuyo único acceso era fluvial, comenzó después de la tragedia de febrero, que dejó oficialmente 16 muertos aunque habitantes aseguran que fueron más.

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Desalojan a 10000 personas de mina ilegal Bulla Loca

Otros 14.000 mineros fueron retirados en el último año del parque nacional Yapacana, el más extenso de Venezuela con 320.000 hectáreas, ubicado en el vecino estado Amazonas, con amplias zonas devastadas por la minería.

La región del Arco Minero, que abarca una porción de la Amazonía, tiene una extensión de 112.000 km2 con grandes reservas de oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán.

Es una zona que explota el Estado, donde también operan mafias que ejercen el control en estas minas ilegales, cuya expansión ha arrasado amplias reservas de bosques y contaminado acuíferos con mercurio.

La ONG SOS Orinoco, crítica al gobierno y que denuncia un “ecocidio” por la minería, señala que entre 2017 y 2022 en los estados Bolívar y Amazonas (sur) hubo al menos 54 muertos en 17 incidentes mineros.

En diciembre de 2023 otras 12 personas murieron tras el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú (Bolívar).

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