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SIP denuncia persecución policial a periodistas en Venezuela

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Fuerzas represiva a la caza de periodistas - noticiacn
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La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP denunció persecución a periodistas en Venezuela a las que llamó “fuerzas represivas a la caza de periodistas que cubren las noticias”; especialmente las relacionadas con protestas, la covid-19 y los servicios.

A esos periodistas, “los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares”; señala un informe preliminar presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la reunión.

En el mismo, señalan que, en Venezuela, “operan muchos medios” en línea que son independientes;  “regularmente”, son “bloqueados por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas”.

“A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas”; añaden.

Fuerzas represivas a la caza de periodistas venezolanos…

Fuerzas represivas a la caza de periodistas. Al respecto, mencionaron un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el que reportaron que, en el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro (2013-2018), desaparecieron 115 medios de comunicación.

En este sentido, subrayan que más del 60% de la población “se entera de alguna noticia a través del canal oficial” del Estado; “no hay medios independientes ni de televisión ni de radio”.

“Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel”; agregan.

Sobre internet, advierten que “pasa por bloqueos discrecionales” o existe un “acceso muy limitado”; lo que llevó a Venezuela a ocupar “el último lugar” en calidad de conexión a internet en América Latina.

“La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del Gobierno), similar al modelo cubano”; apostillan.

Sede de El Nacional, tomada

A lo largo de este año, consideran que “el evento más destacado fue la toma de las instalaciones” del diario El Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado.

“Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares” por la difusión de una noticia; recuerdan.

La noticia, “que involucra a Cabello con actividades ilícitas”, fue publicada inicialmente “en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal”; pero posteriormente “fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales”.

“En virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces, el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo respalde”; sostienen.

Agradeciones a periodistas y medios

Fuerzas represivas a la caza de periodistas. Entre las “principales agresiones contra periodistas y medios”, destacan que, el pasado 15 de abril, el SNTP denunció que funcionarios vinculados a la gobernación del estado Aragua hostigaron a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno y delegada voluntaria de ese sindicato “por una nota sobre la escasez de camas para pacientes con Covid-19”.

El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado “estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa” en el municipio de Punto Fijo, del estado Falcón.

Ese mismo mes, en el estado Lara, las periodistas Naikarys Cordero y Eliagnis Mora, así como el fotógrafo Dani Sosa, del diario El Informador; “fueron amedrentados por presuntos funcionarios” de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía; “que no portaban uniformes” y les obligaron a borrar el material que habían grabado.

También a principios de octubre, “sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas; no resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono”.

ACN/MAS/EFE

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OACI aceptó demanda de Venezuela contra Argentina por secuestro de avión

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OACI aceptó demanda de Venezuela contra Argentina por secuestro de avión-Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Noticias internacionales
Foto: Cortesía
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Este jueves la Organización de Asociación Civil Internacional (OACI) aceptó la demanda que fue interpuesta por Venezuela contra el gobierno de Argentina, por el secuestro del avión de Emtrasur.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro presentó la demanda debido a las graves violaciones a la legislación internacional cometidas por el gobierno de Javier Milei. Esto, para que Estados Unidos consumara el robo del avión; el cual fue secuestrado en la nación suramericana desde 2022, y posteriormente desmantelado.

La demanda estuvo firmada por el secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar Gómez; quien detalló que la misma se interpuso en virtud del artículo 84 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. También es conocido como Convenio de Chicago, sus Anexos y el Reglamento para la solución de controversias de la OACI.

OACI aceptó demanda de Venezuela contra Argentina

La reclamación señala que a pesar de que Venezuela mostró pruebas irrefutables sobre la documentación en regla de la tripulación y la carga; así como de los documentos con las características de la travesía, Argentina decidió retener el avión en el aeropuerto de Ezeiza, por solicitud de EE.UU.

El Gobierno de Javier Milei permitió en febrero de este año que la aeronave, en vuelo secreto, en medio de la noche; a través de información engañosa que proporcionó a países vecinos, llegara a EEUU. Fue llevada a una instalación en el estado de Florida.

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El Gobierno de Venezuela señaló que el avión formaba parte del programa de operaciones humanitarias. Argumentó que era utilizado para el transporte de vacunas, medicinas, alimentos, repuestos y piezas para los servicios públicos y la industria petrolera del país.

Debido a estos hechos, Venezuela prohibió el sobrevuelo de aviones en el espacio aéreo venezolano que provengan o se dirijan a Argentina. La medida es en respuesta al caso del secuestro y robo de la aeronave de Emtrasur, propiedad de Conviasa.

Con información de ACN/NT

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