Nacional
Gobernación del Zulia ya no estará a cargo de control de peajes
La gobernación del Zulia ya no estará a cargo del control de peajes y aeropuertos, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro, anunciará 24 horas después de los comicios del 21 de noviembre; donde en esa entidad resultó ganador el candidato de la Unidad, Manuel Rosales, que ahora la administración estará en manos del ejecutivo nacional.
La medida fue publicada en Gaceta Oficial 42.261, con fecha del 23 de noviembre; donde se detalla que el Ministerio del Transporte ordena la transferencia del aeropuerto a la empresa Bolivariana de Aeropuertos (BAER); y del puente sobre el lago de Maracaibo y los peajes a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur).
De acuerdo a la Gaceta BAER también se encargará de administrar los aeropuertos Miguel Ángel Urdaneta Fernández; en Santa Bárbara, y Oro Negro, en Cabimas. Acerca de Fontur el documento sostiene que delegará la administración y operación de las estaciones de peajes, así como los recaudos provenientes de la actividad recaudadora de los mismos; específicamente la del estado Zulia, incluyendo las situadas en el Puente General Rafael Urdaneta.
“Medida anunciada 24 horas después de Rosales ser anunciado como gobernador”
Cabe destacar que la medida administrativa se anunció 24 horas después de que Manuel Rosales; recibió del CNE sus credenciales como gobernador electo de los comicios del pasado domingo 21. Para Rosales será el tercer período, luego de que entre los años 2000 y 2008 se desempeñó en ese cargo para el que fue reelecto.
La administración de peajes y del puente, entre otros servicios; correspondía a la gobernación según el proceso de descentralización que se llevó adelante en Venezuela tras la elección directa de gobernadores, en 1989. El proceso fue revertido con la llegada de Hugo Chávez al poder.
Gobierno Nacional administrará control de peajes
Tras la victoria del PSUV en el Zulia en 2017, esa administración había sido cedida a Omar Prieto. Es de mencionar que está no es la primera vez que el gobierno nacional centraliza las competencias.
En 2009 lo hizo el fallecido expresidente Hugo Chávez cuando el opositor Pablo Pérez era gobernador. La administración de los peajes, aeropuerto y puente fueron cedidas de nuevo en 2018 a la administración regional; luego de que Prieto ganó la Gobernación.
Con información: ACN/Caraota Digital/ El Nacional Foto: Cortesía
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Nacional
Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días
La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.
“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.
Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.
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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido
El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.
En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.
“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.
Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.
Víctima del “retardo procesal”
Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.
Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
ACN/MAS/EFE
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