Internacional
Justicia chilena revoca expulsión de venezolanos que ingresaron de manera ilegal
Justicia chilena revocó expulsión de venezolanos que ingresaron de manera irregular por la frontera norte (Bolivia); en total fuero 23, pero 13 de los cuales fueron deportados por el Gobierno hace más de una semana; informó este viernes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Los migrantes venezolanos entraron a Chile en febrero por pasos clandestinos con Bolivia; una zona que desde hace semanas vive una gran crisis migratoria que ha desbordado a varias localidades fronterizas.
La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de amparo que el independiente INDH presentó el pasado 9 de febrero y resolvió que la expulsión “no respetó las garantías constitucionales” de los migrantes.
Justicia chilena revocó expulsión de venezolanos
Según el dictamen, las autoridades no llevaron a cabo ninguna “investigación ni procedimiento legal previo a la expulsión; exigido para el juzgamiento de toda persona (…) con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa”.
El recurso del INDH planteaba que el motivo del desplazamiento de estas personas era “buscar protección por la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa Venezuela; a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia de COVID-19”.
Resolución beneficia a migrantes
Con esta resolución, que el Gobierno podría apelar, los venezolanos no podrán ser expulsados de forma inmediata y los que ya fueron deportados podrían regresar a Chile.
De los 23 venezolanos, 13 de ellos habían sido devueltos a su país el pasado 10 de febrero en un avión de la Fuerza Aérea de Chile; como parte de una mediática operación del Gobierno en la que 138 migrantes fueron expulsados por mar y tierra.
Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia de la covid-19, el paso fronterizo entre la pequeña localidad de Colchane (Chile) y Pisiga (Bolivia); en una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en los últimos meses en ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días en febrero provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros; además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, que obligó a instalar campamentos de cuarentena preventiva para los migrantes.
Dejó sin efecto a más de 50 expulsiones
Ayer, la Justicia de Chile dejó sin efecto las órdenes de expulsión de más de 50 ciudadanos venezolanos; que en las últimas semanas ingresaron al país por pasos no habilitados.
Según informó el Poder Judicial en una nota oficial, la Corte de Apelaciones de Iquique admitió ayer cinco recursos de amparo presentados por el Instituto de Derechos Humanos; la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de migrantes irregulares provenientes de Venezuela.
En su resolución, la Corte argumentó que las medidas adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá carecen de fundamento legal; vulneran derechos protegidos por la Constitución.
“La medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión“; indica el fallo unánime.
Dos fallecidos
La tensión en este paso fronterizo se agravó con el fallecimiento de dos extranjeros; un colombiano y un venezolano, hace dos semanas.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica; hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población.
Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos; según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
En 2018, el actual mandatario, Sebastián Piñera, puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero se han aprobado solo cerca de un 27% de las solicitudes.
ACN/MAS/Agencias
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Internacional
Asesinan a otro alcalde en Ecuador en vísperas del polémico referendo
Asesinan a otro alcalde en Ecuador, este viernes 19 de abril, se trata de Jorge Maldonado, quien era mandatario de la localidad minera de Portovelo. Es el segundo en tres días en vísperas del referendo.
La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) confirmó en un comunicado la muerte del político. De acuerdo a medios locales, el atentado se produjo en torno a las 9:20 hora local (16:20 CET) de este viernes, cuando presuntos sicarios dispararon contra Maldonado. Al mandatario lo trasladaron inmediatamente a un centro médico, donde se confirmó su deceso.
El asesinato de Maldonado se produjo menos de 48 horas después del ataque perpetrado contra José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, situado en la sureña provincia andina de Azuay. Ambos municipios -Portovelo y Camilo Ponce- tienen en común que en sus territorios hay presencia de actividades de minería ilegal.
Además, ambas jurisdicciones están en zonas de tránsito hacia la costa ecuatoriana, que constituyen el principal eje del narcotráfico llevado a cabo por las bandas criminales que operan en Ecuador.
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Un total de tres alcaldes asesinados en menos de un mes
Es de recordar que, hace menos de un mes atrás, también apareció asesinada dentro de un vehículo, junto a su coordinador de Comunicación, la alcaldesa más joven de Ecuador, Brigitte García. Con tan solo 26 años de edad, estaba al frente del cantón San Vicente, en la costera provincia de Manabí.
Los asesinatos de Sánchez y Maldonado se producen además, en una semana crucial para el Gobierno de Daniel Noboa, que para este domingo convocó un referéndum para sacar adelante una serie de reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. Los asuntos de seguridad acaparan la mayoría de las once preguntas que componen en este plebiscito. Noboa busca dar más herramientas a las autoridades para combatir al crimen organizado.
Entre esas cuestiones destaca la propuesta de que las Fuerzas Armadas apoyen de manera permanente a la Policía en operaciones contra la criminalidad organizada,. Esto sin necesidad de expedir de manera constante estados de excepción para que puedan cumplir con ese propósito.
Asimismo, plantea elevar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado y eliminarles los posibles beneficios penitenciarios. Con estas medidas el Gobierno de Noboa quiere poner freno a la creciente ola de violencia criminal que ha azotado al país durante los últimos años.
Con información de DW
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