Internacional
Perú retiró su embajador en Honduras por considerar al gobierno injerencista
El Gobierno de Perú retiró definitivamente a su embajador en Honduras, Jorge Alejandro Raffo, en respuesta a “la inaceptable injerencia” en asuntos internos de la presidenta de ese país, Xiomara Castro, al desconocer el Ejecutivo de Dina Boluarte, anunció este jueves la Cancillería de la nación andina.
A través de un mensaje en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores añadió que, como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales se “mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargados de negocios”.
Castro condenó, durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el “golpe de Estado” en Perú y mostró su “solidaridad” con el destituido mandatario “legítimo, electo” Pedro Castillo, de quien pidió su “inmediata liberación”.
Perú retiró a su embajador en Honduras
La mandataria hondureña también dijo en su discurso del martes que “la derecha no descansa” en la región, pues en su opinión “cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado”.
“A través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política, el ‘lawfare’ (persecución judicial), mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos”, apuntó la también esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya.
La Cancillería de Perú ha reaccionado con distintas medidas hacia los Gobiernos de la región que han desconocido, hasta el momento, la legitimidad de la presidenta Boluarte, que sucedió constitucionalmente a Castillo después de que éste intentara dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
Gabriel Boric se refirió a la situación de Perú
Así, el vicecanciller Ignacio Higueras transmitió el miércoles al embajador de Chile en Lima el “malestar” que ha generado en el Gobierno peruano la “manera irrespetuosa” en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la Celac, a la presidenta Boluarte, informó la Cancillería en su cuenta de Twitter.
Añadió que “el rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú”.
Este martes, Boric, que se estrenó en un cónclave de la Celac tras asumir el poder hace un año, recalcó “la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú”.
“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día, en nuestra hermana nación de Perú, personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, indicó Boric ante el plenario del bloque.
Postura del presidente de Bolivia incomodó a gobierno de Perú
Por otro lado, la Cancillería anunció el lunes que está evaluando tomar acciones ante lo que define como “actos de injerencia”, por parte del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien se refirió este domingo a la crisis que atraviesa el país.
Tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente, dijo el presidente de Bolivia.
Desde que Boluarte asumió la presidencia, distintas organizaciones políticas y sociales han salido a las calles a pedir su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales inmediatas, pero esas movilizaciones han provocado la muerte de 63 personas, desde diciembre último, debido a los enfrentamientos con la Policía y por hechos vinculados a los bloqueos y protestas.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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