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Denuncian traslado de presos políticos de Ramo Verde a otras cárceles

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Foto: Cortesía/Infobae
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La ONG Justicia Venezolana denuncian el traslado este lunes 31 de enero, de un grupo de presos políticos fue desde Ramo Verde hacia otras cárceles comunes.

Agregaron, que los principales afectados son los detenidos por participar en la denominada Operación David o Fuerte Paramacay.

De igual manera, la organización indicó que “La semana pasada más de una docena de detenidos cambió del Centro Nacional de Procesados de Ramo Verde; a centros de detención comunes, poniendo en riesgo la continuidad del juicio oral y público iniciado en la jurisdicción penal ordinaria de Valencia, en el estado Carabobo”.

Es así, que 13 de los 17 presos políticos por el caso fueron trasladados “de manera arbitraria” sin notificación de un juez de juicio y sin informar a sus familiares y abogados”; expresó la directora de la ONG, Lilia Camejo.

En cuanto al resto de los privados de libertad, se encuentran entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la cárcel militar de Ramo Verde, respectivamente.

Traslado de presos políticos a otras cárceles

Vale recordar, que hasta el 24 de enero, en Venezuela hay al menos 245 presos políticos, según el recuento de la organización defensora de los derechos humanos Foro Penal.

De esa cifra, 232 son hombres y 13 mujeres, de acuerdo a la ONG, la cual denuncia que desde 2014 se han registrado 14.753 detenciones; por razones políticas en el país.

“A los 13 presos políticos, los llevaron a distintas cárceles comunes en el estado Miranda. Tres fueron a Rodeo III, cuatro a Rodeo II y seis a Yare III”, afirmó la orgabización.

Además, según Justicia Venezuela, el juicio del caso Operación David o Fuerte Paramacay ya había comenzado en el Circuito Judicial Penal de Carabobo.

Ahora, con la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), el caso tuvo que trasladarse de una jurisdicción militar a una ordinaria.

Incluso, la organización defensora de los derechos humanos expresó que el juicio inició con dos años de retraso en mayo de 2021; lo que relentizó el proceso, lo que puede volver a pasar debido a la migración de los presos.

Con información: ACN/El Diario/Foto: Cortesía

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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