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Politólogos: Detención de Guaidó podría ocurrir solo como última opción

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Detención de Guaidó - acn
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El silencio que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro desde que se le allanó la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó; muestra la incapacidad de consumar su detención y el terror que siente de que dicha acción se convierta en una maniobra mortal; aseguraron Nícmer Evans, politólogo y disidente del chavismo, y Daniel Arias, analista político.

A juicio de Evans, el gobierno chavista-madurista, «se encuentra acorralado lo que lo hace actuar como una fiera herida; que aparenta ferocidad, cuando en realidad, se encuentra en una situación de riesgo; verdaderamente afectado y débil», por lo que mantiene amenazas permanentes y persecuciones contra el presidente encargado y su entorno.

“Este es el momento más débil que ha existido desde el punto de vista del poder, de la institucionalidad; y del contexto internacional, de todo el régimen chavista-madurista. Por eso, las amenazas en función a la detención de Guaidó terminan siendo solo eso, amenazas”, aseguró.

Resaltó sobre ello, que si el Ejecutivo, que de acuerdo con la Asamblea Nacional usurpa funciones; hubiera querido detenerlo ya hubiera llevado a cabo la acción, en vista de que el parlamentario realizó una gira internacional; obviando la prohibición dictada por el TSJ y continúa ejerciendo funciones ejecutivas.

En este sentido, agregó que “Guaidó se ha convertido en una pieza demasiado importante como para ser atacada de manera directa. Más allá de la inmunidad parlamentaria, tiene una inmunidad política como consecuencia de su liderazgo que, por supuesto; es frágil, por el terrorismo de Estado, pero que es sólido desde el punto de vista político”.

Jugada política

Para Arias, las acciones pasadas fueron el anticipo de una jugada política; con el objetivo de pretender desbaratar la presión internacional; que han ido incrementando los países aliados al mandatario encargado para generar la salida de Maduro.

Explicó, que el gobierno detendrá a Juan Guaidó solo como última opción; “para decapitar a la unidad de mando de la oposición forjada a su alrededor; para dejar a la opinión pública opositora huérfana de liderazgo”.

Añadió que “no lo han apresado por temor a una respuesta violenta tipo militar de los estadounidenses; por ello, tienen guardada su aprehensión hasta que no se produzca una situación irreversible; como la detención de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela o la llegada inminente de tropas con la ayuda humanitaria”.

Los politólogos no descartaron, que continúen las acciones represivas y la persecución; en contra de cualquier ciudadano que se sume a la ruta de la oposición, que incluye el cese de la usurpación; el gobierno de transición y las elecciones libres.

“Lo sorprendente, es que a pesar de la persecución, la gente quiere reunirse con él; y los detenidos se mantienen firmes en su posición. Eso deja en evidencia que hay una importante capacidad de compromiso; y se está consciente del riesgo que se corre en la búsqueda del retorno de la democracia”, sentenció Evans.

¿Es legal el proceso de investigación?

La Sala Plena del TSJ, solicitó a la ANC el 1° de abril que allanara la inmunidad del legislador; y al Ministerio Público que diera inicio al proceso de investigación. “La Sala Plena está actuando inconstitucionalmente; por lo que esa solicitud o autorización es irrita y nula”, dijo el abogado penalista, Joel García.

Explicó, que debido a que Guaidó goza de inmunidad, el procedimiento no es el adecuado; «es el MP, titular de la acción penal y director de cualquier investigación, el que debe presentar un informe ante la Sala Plena del TSJ; en el que declara que existe méritos para enjuiciar. Allí, el máximo tribunal debe solicitar el allanamiento de la inmunidad al Parlamento legítimo único órgano que tiene potestad y facultad por mandato del artículo 200 de la carta magna; y 24 del Reglamento de Interior y Debate de la AN, para allanar la inmunidad de cualquier parlamentario».

“La cuestión no es la investigación, sino quién la está autorizando y cómo se está autorizando; que es lo inconstitucional y, por ende, todo lo que se derive de ello es nulo de toda nulidad. Si la forma de investigar y de allanar su inmunidad es totalmente inconstitucional; todo lo que se derive de ello es inconstitucional”, puntualizó.

ACN/El Nacional/Foto: EN

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Política

Copei pide un CNE confiable tras destacar jornada electoral en Colombia

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Copei CNE Colombia
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El partido político Copei legítimo ODCA afirmó este miércoles que las elecciones presidenciales celebradas en Colombia —cuya primera vuelta tuvo lugar el domingo 31 de mayo— representan un ejemplo de cómo debería funcionar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela.

Así lo expresó Ketty Mendoza, miembro de la dirección nacional de la organización, al destacar que más allá de los resultados del proceso —en el que el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo el 43 % de los votos y el candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda alcanzó el 40 %—, la jornada evidenció la actuación de un árbitro electoral que generó confianza en la ciudadanía.

Esto es lo que queremos para Venezuela, un CNE distinto, un órgano electoral que garantice que el voto sirve para escoger, para decidir y que cada ciudadano confíe en el resultado”, expresó Mendoza.

Recordó que desde Copei ODCA han exigido un Consejo Nacional Electoral que garantice el respeto al voto de todos los venezolanos, con el fin de evitar que se repita el escenario del 28 de julio de 2024.

Hemos visto una jornada ejemplar, un proceso electoral que fortalece las instituciones democráticas, el notable civismo de la población. Una primera vuelta marcada por su rapidez y celeridad en el conteo de votos, lo que deberá mantenerse para la segunda vuelta programada para el 21 de junio”, subrayó.

Lamentó además que hayan transcurrido 675 días sin que el CNE venezolano publique las actas electorales y los resultados mesa por mesa del 28J.

Mendoza sostuvo que el ejemplo colombiano demuestra que es viable contar con un árbitro electoral capaz de generar confianza legítima en los venezolanos.

Es una tarea pendiente e indispensable para restablecer la democracia y la institucionalidad en el país”, concluyó.

 

 

Nota de prensa

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