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Orden de aprehensión a un comisario y diez detectives del Cicpc

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Orden de aprehensión a un comisario - acn
Los requieren por simulación de un hecho punible en perjuicio de estas cuatro personas; dos agricultores y dos amigos. (Foto: Cicpc)
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El Ministerio Público pidió orden de aprehensión para un comisario y diez detectives de la policía científica adscritos a la Subdelegación Las Acacias del estado Carabobo. Los requieren por simulación de hecho punible, aparte de otros delitos.

Los once funcionarios del Cicpc, están involucrados en simulación de hecho punible en perjuicio de cuatro personas; dos hermanos agricultores y dos amigos de éstos.

Las investigaciones del MP determinan, que estos funcionarios participaron en componenda con la juez Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones y su hijo Gabriel Acosta Pérez.

Orden de aprehensión

Se pudo conocer, que entre los que tienen orden de aprehensión están: Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Subdelegación Las Acacias.

Además, los detectives agregados Luis Ramírez, Robert Pérez, Frank Pulido, Pablo Ascanio y Luis Flores.

También, el Detective Jefe Amilcar Baroni, el Detective agregado Javier Hurtado, la Detective Soriangel Pantoja y los detectives Jack Moyetones y Javier Barráez.

La información conocida revela que el juez Ángel Gómez del Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, procedió a dictar las privativas de libertad.

Fue solicitada por los representantes de la Fiscalía Trigésima Segunda con competencia en delitos comunes y Fiscalía Décima Tercera, con competencia en materia de corrupción.

A los funcionarios les imputan seis delitos: simulación de hecho punible, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, peculado de uso, abuso de funciones y tráfico de influencias.

Información extraoficial indica, que hasta el momento solo está detenido el Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Subdelegación Las Acacias.

Según, estos once funcionarios armaron y ejecutaron la detención de los hermanos agricultores Argelis José Rodríguez Valbuena y Jorge Arturo Rodríguez Valbuena.

Aparte de detener a los dos agricultores, arrestaron a dos amigos de éstos: José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz; este último un Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Los apresaron a petición de la juez Soraya Pérez Ríos. Las investigaciones revelaron, que acusó falsamente a los detenidos de haberla intentado atracar en su residencia.

Transferencia que hicieron los hermanos Rodríguez Valbuena al hijo de la juez. (Foto: NOTICIASJR)

Estafan a dos agricultores

Esta Juez Superior Penal del estado Carabobo, supuestamente, urdió el plan para tratar de salvar a su hijo Gabriel Acosta Pérez del delito de estafa; que este supuestamente había cometido contra los agricultores.

De acuerdo a un trabajo investigativo hecho por el periodista José Rafael Ramírez, la abogada “Soraya Pérez Ríos, Juez Superior Penal del estado Carabobo urdió deleznable plan para que su hijo Gabriel Acosta Pérez consolidara una estafa contra dos agricultores”.

La comisión de la policía científica se prestó para montar el falso robo en perjuicio de dos hermanos agricultores que estaban siendo estafados.

El hecho se hizo público el martes 24 de septiembre de 2019, a través de varios medios o portales digitales de Carabobo y de Caracas.

En libertad los agricultores

A los agricultores Jorge Arturo Rodríguez Valbuena y Argelis José Rodríguez Valbuena, y sus amigos José Antonio Enrique Díaz, Teniente de la GNB adscrito a la Dgcim, y José Alexander Martínez Pinto (23), los liberaron la tarde del  martes 01 de octubre.

Producto de la trampa y la simulación de un hecho punible, los cuatro amigos permanecieron nueve días presos acusados por la magistrada de la Corte de Apelaciones de la entidad, Soraya Pérez Ríos, de intentar perpetrar un robo en su residencia en la zona norte de Valencia.

La historia tomó otro rumbo cuando se conoció que los dos primeros, agricultores del municipio Miranda, y sus dos amigos; intentaban cobrar unos dólares por lo que los hermanos habrían transferido 20 millones 400 mil bolívares a Gabriel Acosta Pérez, hijo de la magistrada, quien no habría entregado dólares objeto de la transacción.

Ante la opinión pública los hermanos Rodríguez Valbuena y sus acompañantes fueron presentados como asaltantes de residencias en Valencia.

Conducta antiética

Ante este hecho, algunos profesionales del Derecho se pronunciaron al respecto. La abogada constitucionalista y Directora General de la Fundación Pro Defensa de los DDHH y exjueza penal, Lyli Ladimar López Vasquez, aseveró que «lo peligroso de este axioma antiético, es que pareciera que el fin justifica los medios y amenaza el Estado democrático de derecho y de justicia, principios constitucionales procesales que de manera efectiva, cierta, segura y sería, protegen judicialmente los derechos de los justiciables».

Agregó que, lo valioso de una sociedad que se precie de democrática es su efectiva y real tutela judicial efectiva que involucra un conjunto de constitucionales procesales que de manera conjunta e individual, enunciativa y no limitativa, tiende a proteger en el proceso jurisdiccional.

Esto permite al ciudadano acceder a los órganos jurisdiccionales y a obtener un pronunciamiento judicial que resuelva sus conflictos judiciales, mediante sentencias que sean el producto de un proceso limpio o inmaculado, donde se hayan garantizado los derechos constitucionales mínimos, reglas de del juego Constitucional procesal.

Pero, en este caso no sucedió, por el contrario, se simuló un hecho punible utilizando el sistema de justicia para fines personales. «Es un hecho totalmente deplorable que nos hace reflexionar de lo importante del valor de la ética, en un Estado de derecho que tiene como norte alcanzar un Estado de JUSTICIA».

ACN/NOTICIASJR/

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ACN/Noticias JR

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En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP

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En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias
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En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.

“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.

En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025

Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.

Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.

De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.

Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.

Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.

75% de privados de libertad sin sentencia firme

De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados.  Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.

En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.

Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.

La cárcel como sentencia de sufrimiento

El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.

Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.

En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad.  “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias

Humberto Prado

Sobre presos políticos

De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.

De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.

Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.

“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.

Grupos vulnerables

Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.

En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.

En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.

Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…

En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.

Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.

Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.

Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias

ACN/MAS/Prensa OVP

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