Sucesos
Profanan tumbas de los presos que murieron en tragedia de Policarabobo
Profanan tumbas de los presos que sepultaron en el Cementerio Municipal de Valencia. Estos reclusos murieron en la tragedia de Policarabobo.
La denuncia de la presunta comisión del delito de profanación de tumbas y profanación de cadáveres, la hicieron familiares y el Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola.
La información la aportaron a los medios, los parientes y la abogada Constitucionalista Lyli Ladimar López Vásquez; quien también es Directora General Nacional de la Fundación Pro Defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden.
Algunas tumbas están completamente vacías, mientras que otras muestran evidencias de incursiones por parte de los supuestos profanadores.
La activista de los Derechos Humanos sostuvo que la profanación de tumbas y profanación de cadáveres está previsto y sancionado en el artículo 171 y 172; ambos del Código Penal vigente.
Ante este presunto envilecimiento, dijo que, “le pedimos al Ministerio Público aperture investigación penal y sea acumulada a la causa GP01-P-2018-5175 caso Policarabobo”.
Recordó la abogada López Vásquez, que es del conocimiento público, que el Comité de Víctimas de la tragedia de Nava Spinola Carabobo, solicitó la exhumación de varios cadáveres.
Agregó, que la razón de la exhumación es porque se presume, que no murieron por asfixia mecánica ni por sofocación; como señalan los protocolos de autopsia de los 69 occisos.
Los familiares de los privados de libertad denuncian que muchos de ellos presentan heridas por el paso de proyectil disparados por arma de fuego.
Si bien es cierto, que utilizan restos humanos para santería y otros actos de espiritistas; hay la posibilidad de “desaparecer evidencias” y así impedir la exhumación a los cadáveres. Profanan tumbas de los presos que murieron en tragedia de Policarabobo.
Piden exhumación de cadáveres
El 06 de noviembre de 2019, los familiares pidieron la exhumación de los cadáveres, específicamente de nueve, de las 69 personas que fallecieron en la tragedia de Policarabobo.
La finalidad es determinar la real causa de sus muertes, informó la abogada Constitucionalista, Lyli Ladimar López Vásquez, Directora General Nacional de la Fundación Pro Defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden.
López Vásquez, también representante del Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola; sostuvo que acudieron ante el doctor Dixon Pérez Mota, fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público con competencia en Protección de Derechos Humanos de la Circunscripción del estado Carabobo.
Este requerimiento lo hicieron como consecuencia de una reunión llevada a cabo en la Fiscalía Superior del Estado Carabobo, el día 24 de Septiembre del 2019.
Los llevó a pedir la exhumación en virtud de la falta de certeza acerca de las reales causas en que murieron las victimas (occisos) debido a las condiciones en que se practicaron las autopsias; que coincidencialmente, concluyeron todas en que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por sofocación.
También adujo López Vásquez, que la forma en que se realizaron las inhumaciones, no habrían cumplido con los protocolos del caso, comprometiendo las resultas con la investigación iniciada con los hechos; a estos efectos, familiares destacan que las causas de las muertes fueron otras.
Aún sin acordar medida de protección
Continúan las amenazas a su vida la abogada Lyly López Vásquez, quien encabeza el Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola.
Ante esta situación, la profesional del derecho acudió el martes 22 de octubre ante la Fiscalía 35° del Ministerio Público; pero hasta la fecha, 157 11/19/; no le han acordado la medida de protección.
“Las amenazas y llamadas telefónicas aún persisten. Esos son los riesgos que corremos los defensores de los DDHH por lograr justicia, espero que en los próximos días me la acuerden”, manifestó López Vásquez.
ACN/@rubbol2006
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Sucesos
Así opera la Banda Los Parceros, dedicada a la trata de personas en Cumaná
Douglas Rico, director general del Cicpc, dio a conocer la captura de El Negro, integrante de la banda delictiva Los Parceros, en Cumaná. La misma se dedica a la trata de personas.
Indicó que, funcionarios de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, en la urbanización Gran Mariscal, en el municipio Sucre, detuvieron a Ricardo Fuentes (22). Relató que, en un minucioso y arduo trabajo de investigación de campo, demostraron la culpabilidad del delincuente en el delito de trata de personas.
Añadió que, bajo engaño y falsas promesas de trabajo, se encargaba de captar y trasladar a las víctimas desde la ciudad de Cumaná, estado Sucre. De ahí las llevaban hacia la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. De ahí las trasladabas a la República de Colombia, con la finalidad someterlas a explotación sexual.
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Banda dedicada a trata de personas
Asimismo, indicó que, este hombre recibió pagos por medio de bancos internacionales para costear los gastos del traslado, manteniendo constante comunicación vía telefónica con otros cuatro integrantes de la banda, aún por detener.
De igual manera detalló que recibía además un porcentaje de dinero por cada mujer y joven trasladada; colectando como evidencia un Hyundai Accent, año 2001, placas FB061N y un celular, Samsung A12.
Rico explicó, además que, el modus operandi de la banda es captar a sus víctimas luego de conocer su estatus económico, ofreciéndoles una oportunidad laboral en otro país para mejorar su calidad de vida.
Así opera la banda Los Parceros
En este sentido, a las victimas les prometían que el viaje era costeado por los captadores; una vez trasladadas al país destino en compañía del tratante, las despojan de sus documentos de identidad.
De ahí las trasladan hacia el lugar donde las acogen y bajo amenaza de muerte, las explotan sexualmente. Esto para retribuirles a los financiadores el dinero invertido, obteniendo beneficios económicos ilícitamente.
Recalcó que el radio de acción de esta banda es la ciudad de Cumaná, estado Sucre; el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui; San Cristóbal, estado Táchira y la República de Colombia, en horas de la mañana y la noche. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 10° del Ministerio Público del estado Sucre.
Con información ACN/CICPC
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